La investigación que sigue abierta
La muerte de Mohammad Hashem Suleiman Arabiat, ocurrida apenas una semana después de contraer matrimonio en septiembre de 2017, continúa envuelta en interrogantes que, casi una década después, siguen sin resolverse. Aunque el caso ha registrado nuevos avances, el proceso judicial permanece detenido y la principal señalada continúa enfrentando la investigación en libertad.
Suleiman, un comerciante de origen jordano radicado en el occidente del país desde inicios de los años 2000, falleció el 9 de septiembre de 2017 en una vivienda ubicada en Malacatán, San Marcos. La primera versión proporcionada a las autoridades indicaba que había sufrido una caída accidental mientras realizaba trabajos en el inmueble.
Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias, comenzaron a surgir inconsistencias que modificaron por completo el rumbo de la investigación. Reportes de los cuerpos de socorro establecieron que el cuerpo fue localizado dentro de la vivienda y no en el lugar donde supuestamente ocurrió el accidente. Además, familiares de la víctima detectaron lesiones que no coincidían con la explicación inicial cuando preparaban el cuerpo para el funeral, de acuerdo con los ritos de la religión musulmana.
Estas observaciones motivaron nuevas pericias del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuyos resultados concluyeron que la causa de muerte correspondía a heridas provocadas por arma de fuego y no a un golpe producto de una caída, como se había informado inicialmente.
Las investigaciones también documentaron cambios en las versiones ofrecidas sobre lo ocurrido ese día, además de diversas actuaciones que llamaron la atención de los fiscales encargados del expediente. Con el paso de los años, el Ministerio Público continuó recopilando indicios hasta que en 2026 un juzgado emitió una orden de captura contra Gladis Jeannette Castro García, quien para entonces se desempeñaba como vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles, Estados Unidos.
Tras ser localizada y deportada al país, la exfuncionaria fue puesta a disposición de las autoridades guatemaltecas. No obstante, días después un juez anuló la orden de captura por considerar que existían irregularidades procesales en su emisión, decisión que permitió su inmediata liberación mientras se resuelve la situación legal del caso.
Desde entonces, el expediente permanece sin avances significativos. Incluso, un nuevo juez decidió excusarse de conocer el proceso, lo que ha retrasado nuevamente las actuaciones judiciales.
Mientras tanto, la familia de Mohammad Hashem Suleiman continúa a la espera de que el caso avance y se determinen las responsabilidades correspondientes. A casi nueve años de los hechos, el proceso sigue abierto y las preguntas sobre lo ocurrido aquella tarde en Malacatán permanecen sin una respuesta definitiva.